Razones para no firmar un acuerdo de arbitraje médico

Lo último que usted necesita mientras enfrenta una crisis de salud es que le pidan firmar documentos que podrían afectar sus derechos legales. Uno de esos documentos con los que los pacientes suelen encontrarse en el ámbito médico es el acuerdo de arbitraje. El arbitraje (arbitration) es una forma de resolución de disputas fuera de los tribunales, en la que un tercero neutral (el árbitro) decide el resultado. Estos acuerdos buscan impedir que los pacientes demanden a los proveedores de salud en caso de disputa, encaminándolos en cambio hacia el arbitraje. Aunque a primera vista pueden parecer inofensivos, hay varias razones para pensarlo dos veces antes de firmar un acuerdo de arbitraje médico.

Pérdida de derechos y de apelación: al firmar un acuerdo de arbitraje, usted está renunciando en esencia a su derecho a un juicio con jurado. En lugar de una decisión tomada por un grupo de sus pares, su caso será decidido por un árbitro. Además, la decisión del árbitro suele ser definitiva, con motivos de apelación muy limitados o inexistentes. Esto significa que, si el árbitro toma una decisión que usted considera injusta, tendrá que aceptarla.

Falta de transparencia: los procesos judiciales son de registro público, y existe un nivel de transparencia esencial para el proceso legal. En cambio, los procedimientos de arbitraje son privados y las decisiones son confidenciales. Esta falta de transparencia puede dar lugar a decisiones injustas que no están sujetas al escrutinio público.

Posible parcialidad: existe un riesgo de parcialidad en los procedimientos de arbitraje. En el sector de la salud, los hospitales y otros grandes proveedores utilizan con frecuencia los mismos servicios de arbitraje, lo que genera la preocupación de que los árbitros puedan inclinarse a su favor.

Un proceso costoso: aunque los defensores del arbitraje sostienen que es menos costoso que un litigio judicial, no siempre es así. Puede haber tarifas significativas, incluidos los honorarios del árbitro, las tarifas administrativas y otros costos del proceso. Para muchos pacientes, estos costos resultan prohibitivos.

Acceso limitado a las pruebas: en un proceso judicial tradicional, ambas partes tienen amplios derechos a la información en poder de la otra parte, mediante un procedimiento llamado exhibición de pruebas (discovery). Esto puede ser crucial en los casos de lesiones personales, donde el proveedor médico posee la mayor parte de la información relevante. En el arbitraje, los derechos de acceso a las pruebas son mucho más limitados, lo que a menudo deja al paciente en desventaja.

Desequilibrio de poder: los proveedores de salud suelen presentar los acuerdos de arbitraje como condición para el tratamiento. Esto coloca a los pacientes en una posición vulnerable, en la que sienten que no tienen más opción que firmar. Antes de firmar, pregunte si el acuerdo es un requisito para recibir tratamiento. Si lo es, considere consultar con otros proveedores de su zona para ver si ofrecen tratamiento sin exigir un acuerdo de arbitraje.

Sin demandas colectivas: en muchos casos, los acuerdos de arbitraje prohíben a los pacientes unirse en una demanda colectiva (class action). Esto significa que, si muchos pacientes resultan perjudicados por la misma práctica, cada uno debe pasar individualmente por el arbitraje, en lugar de unirse en una demanda colectiva que les daría mayor poder de negociación.

Sin beneficio público: los casos judiciales tienen el potencial de impactar a la sociedad en su conjunto, al sentar precedentes legales y generar cambios en las políticas. Las decisiones arbitrales, en cambio, no sientan precedentes ni conducen a reformas legales públicas.

Moverse por el sistema de salud puede ser complicado y estresante, sobre todo cuando usted está lidiando con un problema de salud. Es importante conocer sus derechos y entender lo que firma. Si le presentan un acuerdo de arbitraje, considere consultar a un abogado de lesiones personales para comprender plenamente sus posibles implicaciones. Su salud, sus derechos y su futuro podrían estar en juego.